SIN SEÑAL

Quién iba a decirnos cuando éramos pequeños y nos pasábamos horas y horas viendo los dibujos animados, que un día todos esos entrañables personajes estarían prohibidos y en su lugar veríamos un tajante rótulo en la pantalla que rezara: "sin señal". Cuando todavía desconocíamos el ruin funcionamiento de la clase que tanto hoy como ayer nos ha dominado y nuestra infantil inocencia no nos dejaba ver más allá de los llamativos colores que proyectaban los tubos catódicos de nuestros televisores. Cuando la democracia ya era más que perpetua, y la transición española figuraba en los libros de historia como uno de los episodios más relevantes de la historia de este país. Nadie nos había hablado todavía de los oscuros tiempos que precedían a tan plácidas fechas y en los que la censura estaba a la orden del día, las leyes se imponían con mano de hierro y los valores los regía el propio estado, liquidando a balazos cualquier forma de vivir que no comulgara con la impuesta, pasando con sus botas por encima de idiomas, costumbres y cultura.

Hoy somos conocedores de todo lo que hay detrás de esta broma pesada que nos quieren hacer pasar por democracia, y el bloqueo de TV3, la televisión pública catalana que desde hace 28 años se emite en el País Valencià, ha puesto una vez más de relieve el enfermizo afán que tiene el gobierno de la Generalitat por cubrir con métodos represivos sus escándalos y trapos más sucios. Acció Cultural del País Valencià, una asociación que entre otras cosas, se encargaba de llevar la emisión de la cadena en el territorio valenciano, se ha visto obligada a desactivar los últimos tres repetidores que permanecían en funcionamiento a causa de las multas con las que la Conselleria de Justicia venía asediando al colectivo, habiendo recibido amenazas de nuevas sanciones e incluso del embargo de todas sus cuentas y bienes materiales. Según el gobierno valenciano, Acció Cultural lleva proporcionando señal de manera ilegal todos estos años, y desde 2007 han estado intentando clausurar los repetidores mediante multas y tribunales. El corte de la cadena ha provocado numerosas protestas alrededor de toda la región, ya que el pueblo lo ha considerado tanto una medida anticonstitucional, como un gravísimo atentado contra la libertad de expresión. Y es que hoy en día, con el invento de la TDT, el usuario puede disfrutar de una amplia propuesta de nuevos canales de televisión, entre los que se incluyen cadenas privadas que ofrecen simpáticos debates de carácter cavernario, preconstitucional y en ocasiones abiertamente fascista, en cambio, ser espectador de una televisión pública que ven miles de personas al día, es un derecho sobre el que los máximos dirigentes tienen su severa e inflexible mano rectora. La misma mano que desalojó el barrio del Cabanyal a golpe de porra y hace oídos sordos a quienes reclaman la Ley de Dependencia, la misma que se alarga y acepta regalos de empresarios corruptos, que ovaciona i aplaude en los actos franquistas y no duda en tapar la boca de quien intente contradecirla.

Así se las gasta el PP de Valencia, ellos señalan su objetivo, las respectivas autoridades se encargan de hacerlo pedazos y mientras Canal 9 vierte su particular barrizal de mentiras, ese grupo de pandilleros continua jugando a cimentar su imperio sea por las buenas o sea por las malas, pues forman una pieza clave para la clase dominante de un país democrático donde se cierran periódicos, se mete a personas en la cárcel por delitos de opinión, ilegalizan partidos y se modifican las leyes según a ellos les convenga. Dramática situación para un estado que presume de sus 30 años de presunta libertad mientras que priva a sus ciudadanos de derechos tan legítimos como es el hecho de poder ver una cadena de televisión pública sin ningún tipo de censura. Por eso hoy hemos de mostrar nuestra repulsa más vehemente hacia estas acciones que con total impunidad coartan al ciudadano bajo la permisiva mirada de las leyes que nos imponen.